Según la investigación de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez la empresa recibió adjudicaciones por más de $137.000 millones y coordinó un esquema de cartelización con otras 14 firmas.
Jonathan Kovalivker, uno de los empresarios implicados en la causa ANDIS.
Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez acusaron a la droguería de haber controlado las compras de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Según la investigación, la empresa recibió adjudicaciones por más de $137.000 millones y coordinó un esquema de cartelización con otras 14 firmas.
Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron la declaración indagatoria de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El pedido alcanza también a otros directivos de la compañía y a responsables de distintas droguerías que, según la acusación, participaron de un esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y pagos de sobornos en coordinación con funcionarios públicos.
En un dictamen de más de 300 páginas, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que Suizo Argentina logró controlar el funcionamiento de la agencia estatal entre mayo de 2024 y agosto de 2025, durante la gestión de Diego Spagnuolo.
Según la investigación, la compañía no solo obtuvo información privilegiada sobre las compras de medicamentos de alto costo, sino que también intervino en las decisiones institucionales del organismo y administró un sistema de acuerdos con otras 14 empresas del sector.
La magnitud económica de las maniobras quedó reflejada en las adjudicaciones recibidas por Suizo Argentina durante el período investigado: $137.118.708.357, una cifra equivalente a cerca del 30% de las erogaciones totales de la ANDIS. Para los fiscales, esas operaciones estuvieron atravesadas por precios elevados y sobreprecios que perjudicaron al Estado y, especialmente, a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas graves que dependían de esos medicamentos.
La acusación sostiene que la empresa controló el circuito de adquisición de medicamentos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud. Para hacerlo, habría establecido acuerdos ilegales con altos funcionarios de la agencia, que le proporcionaban información anticipada sobre las compulsas de precios.
De acuerdo con las pruebas reunidas, Suizo Argentina administraba las compras, fijaba los valores de venta de sus propios medicamentos y los de otras droguerías, determinaba qué firma resultaría ganadora y daba instrucciones a los funcionarios sobre qué empresas debían cobrar y cuáles debían sufrir demoras en los pagos.
Además, llevaba un registro detallado de los montos y porcentajes asignados a cada compañía en las sucesivas operaciones. Los investigadores encontraron archivos en poder de la droguería que anticipaban los resultados de las compulsas antes de que estas finalizaran. Posteriormente, esos datos coincidían con las adjudicaciones efectivamente realizadas por la ANDIS.
Uno de los ejemplos más llamativos incluidos en el dictamen corresponde a un medicamento destinado al tratamiento de la esclerosis múltiple.
Fuente: Agencia DIB
